«Hace dos meses y medio me contrataron en Ferraz de conductor de José Luis Ábalos. Y estoy ayudándole en todo, bueno, hasta el punto que estoy todos los días con él. Llevo dos meses y medio contratado por el Partido Socialista; mi contrato es para seis años con Ábalos, ¿sabes? Me imagino que sabrás quién es: el secretario de Organización del partido. Ya te contaré, porque me metió Santos Cerdán». De esta forma se explicaba Koldo García a finales de 2017 en un audio interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha logrado desmantelar una organización criminal que actuaba bajo el paraguas del Gobierno de Pedro Sánchez, y que encabezaban Cerdán y Ábalos.
En 2017 la trama del anodino Cerdán, que trató de convencer al instructor de que llevaba una vida sencilla, pues había pagado 99 euros por el bono de la piscina municipal de Milagro, localidad navarra en la que habría pasado el verano de 2024, ya llevaba actuando en secreto al menos dos años, según desvela el último informe de la UCO.
Santos Cerdán a la salida de la cárcel. / Carlos Luján – Europa Press
Los agentes sostienen que la mercantil navarra Servinabar 2000 SL, que según las evidencias descubiertas pertenecía en un 45% al ex secretario de Organización del PSOE, ingresó al menos 6.707.294 euros de Acciona, compañía en la que destacó la actividad del exdirectivo Fernando Agustín Merino, a quien Koldo García llamaba «el cordobés». También habría sido relevante la intervención del exdirectivo de la constructora Justo Vicente Pelegrini, quien ejerció de director general del área de construcción de Acciona entre 2015 y 2017. «Esta cifra supone un 75,33 % de los ingresos totales percibidos por la sociedad administrada por Antxon Alonso (Servinabar) en el periodo investigado (8.903.903 euros), de lo que se deduce que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos», completa la UCO.
La relación mercantil con Acciona generó «un importante beneficio» para la compañía vinculada a Cerdán y Alonso, prosigue la Guardia Civil, que recuerda en su informe de 11 de noviembre que la organización criminal también habría canalizado sus mordidas «mediante un método de compensación de facturas con el establecimiento hostelero Bar Franky«. Así, la Guardia Civil desvela que entre la documentación intervenida en la sede de Servinabar se halló una propuesta de contrato de arrendamiento de un inmueble en Madrid por 1.600 euros al mes, y por el que se abonó una señal de 1.936 euros.
Contratos a familiares
En su informe, la UCO desvela que Servinabar asignó casi el 50% de los fondos que percibió de Acciona a «diferentes transferencias a personas físicas y jurídicas». En concreto, se habrían destinado a «Cerdán y su entorno, en lo que podrían constituir presuntas contraprestaciones para éste«.
Archivo – El socio de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, durante una comparecencia en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín – Europa Press – Archivo
Así, diferentes familiares de Cerdán fueron contratados por esta firma navarra, como por ejemplo su hermana, quien recibió entre febrero de 2020 y junio de 2020 un total de 22.324 euros, lo que suponía 3.720 euros mensuales. Sin embargo, la Guardia Civil apunta que la relación contractual con Belén Cerdán no finalizó en 2020, sino que se extendió hasta mediados de 2025. Pese a que fue contratada por Erkolan, en realidad era Servinabar la que pagaba sus nóminas de forma indirecta, pues previamente transfería los fondos a la cooperativa.
El relato de la UCO desvela que Belén fue contratada en 2020 por la entidad vasca, que recibió 379.577 euros de Servinabar entre el 8 de diciembre de 2015 y el 28 de mayo de 2025. A los agentes les llama la atención que en 2020 los importes mensuales que Erkolan recibía de la firma navarra «experimentaron un brusco incremento, al pasar la transferencia media de 221 euros mensuales hasta mayo de 2020», que se elevó hasta los 6.000 euros. Esta cifra se mantuvo hasta mayo 2025, un mes antes de que su hermano Santos ingresara en prisión por orden del juez Leopoldo Puente.
El cuñado de Cerdán
Antonio Muñoz Cano, el cuñado de Cerdán, también fue contratado por Acciona y Servinabar en relación a una obra de emergencia para el acceso al Puerto de Sevilla. Muñoz recibió 69 transferencias por un valor de 53.130 euros entre el 1 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2022.
Además, la UCO ha descubierto que la trama presuntamente liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, que abandonó el pasado miércoles por la noche la prisión madrileña de Soto del Real, también habría utilizado otra cooperativa para percibir las supuestas mordidas. Así, en 2015 Koldo García y el socio de Cerdán crearon la firma Noran Coop, que recibió de Servinabar 647.331 euros entre 2016 y 2025. «Estos pagos suponen el 67,81% de los fondos ingresados» por esta cooperativa, que después transfirió 8.738 euros al asesor de Ábalos y 215.000 euros a Antxon Alonso. Este empresario vasco también cobró 420.850 euros en concepto de sueldo de Servinabar.
Archivo – El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, durante una entrevista para Europa Press, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Jesús Hellín – Europa Press – Archivo
Asimismo, Noran Coop abonó entre marzo y julio de 2018 un total de 9.500 euros a Francisca Muñoz Cano, la mujer de Santos Cerdán, conocida como ‘Paqui’, que aportó 2.400 euros al capital social de la cooperativa. La UCO advierte de que no ha podido localizar ningún documento, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda «una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz en la sociedad cooperativa».
Alquiler de viviendas
El informe de la UCO desvela que la empresa de la trama Servinabar sufragó con 62.840 euros el alquiler y la compra de muebles de dos viviendas que disfrutó Santos Cerdán. Así, pagó en octubre 2017 una fianza de 800 euros para una vivienda en las proximidades de la Glorieta de Quevedo (Madrid). Al mes siguiente se comenzó a transferir desde las cuentas de Servinabar, con frecuencia mensual (entre noviembre de 2017 y julio de 2018), 800 euros al dueño del inmueble, lo que supone un total de 7.200 euros.
Al finalizar este alquiler, «y en fecha próxima a la moción de censura por la que cambió el Gobierno de España en junio de 2018, desde las cuentas de Servinabar se comenzó a abonar una nueva cuota de arrendamiento, esta vez para un inmueble, correspondiente a la vivienda de Santos Cerdán y su familia», que abandonaron en julio de 2025, tras ingresar en prisión. Por este último concepto se pagaron 47.505 euros. «Este importe se compone de la fianza abonada el 24 de julio de 2018 por valor de 2.450 euros, y un total de quince mensualidades -de diferentes cuantías- por valor de 45.055 euros». Además, Antxon Alonso también habría sufragado 3.146 euros de gestiones administrativas del alquiler y la compra de muebles por 7.849 euros, dice la UCO.
La Guardia Civil ha descubierto que Cerdán y su mujer, ‘Paqui’ Muñoz, también habrían utilizado para sus gastos personales 33.574 euros que fueron abonados con las tarjetas de las cuentas bancarias de uno de los dueños de Servinabar: Antxon Alonso. El primer cargo se registró el 20 de diciembre de 2021, siendo el último pago el 19 de febrero de 2024, un día antes de la detención de Koldo García por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Mordidas durante una década
Los uniformados separan claramente dos etapas en la actividad de la supuesta organización criminal, que desplegó sus actividades durante una década, y en la que también habría participado el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, conocido como ‘Guipuchi». La primera fue la etapa navarra, pues a finales de 2015 la firma Servinabar constituyó con Acciona la primera Unión Temporal de Empresas (UTE) para lograr la concesión de la ‘Mina Muga’, con el apoyo de los gobiernos de Navarra y Aragón, pero también del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Ábalos de ministro. Además, la promotora de la concesión, Geoalcali, abonó un total de 299.259 euros a la mercantil navarra vinculada a Cerdán.
El diputado y exministro José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio – Europa Press
En el pacto inicial Acciona llega a definir a Servinabar como «una sociedad que goza de una buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra, cuando en realidad había sido constituida tan solo doce días antes de rubricar el acuerdo» destaca la Guardia Civil. En un primer contrato para la redacción del plan de seguridad y asesoramiento técnico en materia de seguridad laboral para el proyecto minero, Acciona se comprometía a pagar a la empresa vinculada a Cerdán 2.819.272 euros.
La entrada de Ábalos y su «alter ego» Koldo García a la Secretaría de Organización del PSOE primero, y después al Gobierno en 2018 tras la moción de censura contra el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, supuso un antes y un después para la trama, pues su radio de acción se ampliaba de Navarra a toda España. Finalmente, el Ejecutivo central adjudicó a Acciona, con Servinabar como asociada, obras por un valor que superó los 300 millones de euros.
Las grabaciones descubiertas por la Guardia Civil evidencian «la predisposición que existía en el seno del Ministerio de Transportes de, presuntamente, favorecer a la constructora [Acciona] a través de la adjudicación de diferentes expedientes dimanantes de ADIF y de la Dirección General de Carreteras», dice la UCO, que concluye que Cerdán actuaba como «enlace» entre Acciona y el Ministerio. Los honorarios a percibir por la mercantil navarra por los servicios ascendían al 2% del total adjudicado a la constructora..
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