Este miércoles se realizó, en la sede de la Universidad de Miami (Estados Unidos) la décimo primera audiencia del 194° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El encuentro estuvo conducido por José Luis Caballero, presidente de la CIDH, y se centró en “la situación de la libertad de expresión en Argentina”. Fue convocado a pedido de un diverso grupo de periodistas y reporteros gráficos, sindicatos, académicos y organizaciones de derechos humanos del país.
Del lado de los solicitantes estuvieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGra), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), periodistas como Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini, Claudio Jacquelin y el fotógrafo Tomás Cuesta. Un arco muy amplio, tanto en lo ideológico como en lo institucional.
En representación del Gobierno argentino estuvieron Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos, Alberto Salgado, abogado de la Cancillería argentina y la asesora legal María Jimena Rodríguez. La semana pasada, como se informó en otra nota, ante el Comité Contra la Tortura de la ONU el secretario Baños tuvo la caradurez de reproducir los clichés negacionistas sobre la última dictadura argentina y el genocidio que ejecutó.
Al comenzar, Caballero dijo que el tema de la libertad de expresión en Argentina “ha merecido una atención muy particular” de la CIDH. “Entre el año pasado y éste se han expedido cinco comunicados de prensa” referidos al tema, dijo el presidente del organismo internacional y recordó que hubo una audiencia anterior, en julio de 2024, en la que se trató “la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión”.
La audiencia duró poco más de una hora cuarenta. Primero expusieron los denunciantes, luego los funcionarios libertarianos y finalmente hubo una ronda de preguntas y respuestas.
Parte de la exposición de los denunciantes ante la CIDH
Las verdades de quienes denuncian
La exposición de los denunciantes se centraron en tres ejes: la violencia represiva contra la actividad periodística, la persecución judicial del Gobierno con el fin de silenciar a quienes brindan información y las políticas de vaciamiento de los medios estatales. “Todo esto en un contexto de vigilancia y control de la opinión, como sabemos luego de la publicación de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional”, dijeron desde el CELS.
Desde SiPreBA y Fatpren, Francisco Rabini detalló cómo el gobierno de Milei avanzó con una política de ajuste brutal sobre los medios de propiedad estatal, dejando a miles de trabajadores en la incertidumbre y atacando el derecho a la información de toda la sociedad. Y remarcaron que la violencia estatal no es sólo física, sino también simbólica y económica, con despidos, persecuciones y amenazas constantes.
“El ataque a periodistas y trabajadores de prensa es parte de un intento por destruir el rol social que cumple la comunicación”, dijo Rabini y denunció que, en los últimos dos años, la libertad de expresión y de prensa en Argentina viene siendo “blanco de ataques sistemáticos y organizados”, que no se trata de hechos aislados, sino de una ofensiva planificada desde las oficinas estatales.
Tomás Cuesta y Francisco Rabini exponiendo ante la CIDH
El arco de organizaciones destacó que, por primera vez desde el fin de la dictadura, se ve cómo desde la propia Casa Rosada se montó una campaña de hostigamiento contra periodistas y trabajadores de prensa, lo que se sintetiza en las expresiones de Milei en redes sociales: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. La represión sistemática a la prensa durante la cobertura de protestas sociales es una consecuencia directa. En cada movilización el Estado dispara contra camarógrafos, fotógrafos, cronistas y productores.
Sólo en la marcha del 1 de febrero de 2024 se registraron 52 trabajadores de prensa heridos. El caso más brutal es el del fotorreportero Pablo Grillo, que el 12 de marzo estuvo al borde de perder la vida cuando el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su la cabeza. Hoy Grillo sigue peleando por sobrevivir. En la audiencia del año pasado el caso de Grillo también fue expuesto, junto a los del abogado Matías Aufieri y el trabajador municipal Jonathan Navarro, quienes perdieron la visión de uno de sus ojos por disparos de balas de goma.
El Estado también hostiga judicialmente, a través de causas impulsadas por el propio Milei contra periodistas que le resultan incómodos. Causas armadas sin ningún fundamento, que el Poder Judicial termina desechando, pero buscan silenciar voces críticas. Las mujeres periodistas, además, sufren un hostigamiento particular, como lo señaló en la misma audiencia Julia Mengolini.
El vaciamiento de medios estatales se evidencia en lo sucedido en la agencia nacional Télam. Un desguace que no sólo afecta a quienes trabajan en esos medios, sino que también es un golpe a la pluralidad de voces y al derecho de toda la sociedad a estar informada. Radio Nacional, la Televisión Pública y los canales educativos y culturales fueron desmantelados, dejando a sus trabajadores con salarios congelados y en condiciones cada vez más precarias. A su vez, la eliminación de los programas de apoyo y el manejo discrecional de la pauta oficial también golpean de lleno a los medios comunitarios que hoy están en la mira del ajuste del Gobierno.
Julia Mengolini y Claudio Jacquelin exponiendo ante la CIDH
Mengolini, periodista y empresaria de medios, expuso su caso personal para graficar a “un gobierno que no duda en usar todo el aparato estatal para perseguir, hostigar y callar voces incómodas. Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el ambiente para hacer periodismo se volvió irrespirable”, dijo desde su visión. Y agregó que “lo que al principio eran simples agravios, se transformó en una verdadera campaña de odio institucional, impulsada desde los más altos cargos del poder”.
La denuncia colectiva hizo hincapié en que la organización y la denuncia internacional se vuelven “herramientas fundamentales para defender el derecho a informar y a ser informados”. En ese sentido, a través de un petitorio se reclamó medidas urgentes para proteger a quienes ejercen el periodismo en Argentina. A la CIDH se le pidió que exija al Estado argentino que garantice condiciones reales para ejercer el periodismo y que repudie el uso de las instituciones estatales para perseguir a la prensa.
Las mentiras de Milei y sus secuaces
A su turno los representantes del Gobierno de Milei buscaron relativizar y quitarle peso a la avalancha de acusaciones del amplio abanico de periodistas, organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos. El propio Alberto Baños se animó a decir que todo lo que se había expuesto no es más que “casos aislados”. El secretario de Derechos Humanos negó que existan problemas de libertad de expresión en Argentina. Además, dijo que los testimonios que se brindaron eran irrelevantes para los objetivos de la audiencia.
Según Baños, las y los denunciantes sólo buscan con esta audiencia “poner de rodillas al Estado argentino”, ya que no se trataría de una discusión sobre políticas públicas, sino de una maniobra para atacar al Gobierno de Milei. “Esto es una audiencia temática, no podemos permitir que se utilice para intentar doblegar al Estado argentino bajo la excusa de defender políticas de cualquier color político”, sentenció el exjuez ultraderchista y negacionista.
Alberto Baños exponiendo ante la CIDH
El relato armado por el gobierno argentino indica que el hecho de que a algunos no les gusten ciertas políticas oficiales “no significa que la Comisión Interamericana deba intervenir”, ya que no hay ningún tipo de ataque ni violaciones a los derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo. “En la nación se defienden los derechos humanos de manera horizontal”, sostuvo Baños sin ningún tipo de vergüenza.
La intención exculpatoria de los funcionarios libertarianos se convirtió en su contrario. Las explicaciones, negaciones y evasiones de Baños no son otra cosa que una autoinculpación que debería ser anotada por la CIDH e incluso obligar a la Corte Interamericana a sancionar al Estado argentino y obligarlo a revertir sus políticas represivas y persecutorias.
Luego de las intervenciones de las partes, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, le respondió a Baños que en rigor no se está ante “casos singulares”, sino que se ve una tendencia que a la Comisión le preocupa. “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo con diplomacia.
A su vez Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión del organismo, agregó que, para los parámetros de la CIDH, “cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.
Pese al intento de los funcionarios de La Libertad Avanza, desde la CIDH se destacó el trabajo de la prensa en la reconstrucción de los operativos represivos y la identificación de los responsables. Allí está el ejemplo del Mapa de la Policía, impulsado por un colectivo de periodistas y expertos en procesamiento y análisis de datos, que logró identificar al gendarme Guerrero y al prefecto Sebastián Martínez, ejecutores de los ataques a Grillo y Navarro, respectivamente.
Pese a tener toda la información en su poder, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se negaron a identificarlos. Fue el propio periodismo colaborativo el que lo hizo.
Finalmente las organizaciones y personas denunciantes dejaron un petitorio ante la CIDH en el que se le pide al organismo “que monitoree el contexto represivo en la Argentina”, solicite al gobierno de Milei “medidas que detengan los ataques contra periodistas y voces críticas” y ponga “fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas”. A su vez, solicitaron que la Comisión y la Relatoría de Libertad de Expresión visiten próximamente Argentina para tener un contacto directo con más denunciantes y comprobar las políticas denunciadas.
