A finales de septiembre, unas 12.700 personas se inscribieron en el nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, una iniciativa lanzada por el Gobierno nacional en junio como parte de su plan para recuperar capitales no declarados y «reparar» los ahorros de los argentinos.
Según un informe citado por el diario La Nación, el número de adherentes representa una porción mínima dentro del universo de contribuyentes alcanzados por el impuesto a las Ganancias, que ronda los 1,3 millones, y contrasta aún más con los casi 5 millones de monotributistas activos.
Una estrategia para captar fondos en el exterior
El régimen fue diseñado para incentivar la regularización de activos no declarados, especialmente aquellos en moneda extranjera. Su adhesión es opcional y ofrece una ventaja clave: quienes se sumen no deberán presentar declaraciones patrimoniales por los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1° de enero de 2025.
El anuncio oficial se realizó en Casa Rosada, con la participación del entonces candidato a diputado José Luis Espert, el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Intento de protección legal que quedó en el camino
Junto al régimen, el Poder Ejecutivo promovió un proyecto de ley denominado «Principio de Inocencia Fiscal», que buscaba garantizar que los ciudadanos pudieran utilizar sus ahorros sin estar obligados a justificar constantemente su origen. La propuesta, sin embargo, no logró avanzar en el Congreso y hasta el momento no ha sido tratada legislativamente.