Con solo 2,35 % de la baja de retenciones al agro se podría financiar la emergencia pediátrica

Desde haber acusado de mentirosos a las médicas y médicos residentes del Garrahan allá por junio, asegurando que la línea de pobreza es de 360 mil pesos como si se tratara de un ingreso que permitiera cubrir las necesidad básicas, Javier Milei venía eligiendo cuidadosamente qué (no) decir sobre el Garrahan ya que se transformó en una causa nacional con apoyo masivo.

En medio de su crisis política más grande, atravesado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y casos de corrupción en áreas como Discapacidad y obras sociales, Milei insistió con su rechazo a demandas que vienen haciendo eco en las calles por la salud pública, la educación pública, jubiladas y jubilados o las personas con discapacidad.

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En los considerandos del veto a la ley de emergencia pediátrica el Gobierno ensaya una serie de argumentos para “justificar” la decisión. El resumen podría encontrarse en el siguiente párrafo: “el proyecto no sólo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación, profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

Vayamos por partes…

¿Un “jaque la estabilidad presupuestaria”?

Según los propios cálculos del Gobierno el impacto fiscal de la recomposición salarial prevista (no aclaran monto para medicamentos, insumos y otros servicios) alcanza la suma de $ 115 mil millones. Esto sería para un año entero, es decir, para lo que resta de 2025 sería aproximado $ 40 mil millones o USD 28 millones. Es la mitad del presupuesto vigente para la Secretaría de Inteligencia manejada por Santiago Caputo que llega a los $ 80 mil millones.

Pero eso no es lo más curioso, para darse una idea, los fondos que no ingresaron al Estado por reducción de retenciones al agro para este año equivalen a USD 1.189 millones según la propia estimación del ministerio de Luis “Toto” Caputo, incomparable con lo necesario para el Garrahan que solo llega a USD 28 millones. Con el 90% de esa reducción de retenciones también se podría financiar la Ley de Financiamiento Universitario. Al momento de establecer una baja definitiva para esas retenciones Milei aseguró era “posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido”. Superávits para unos y jaques para otros.

¿No hay plata?
El gobierno reconoce que en 2025 les regalaron U$S 1.189 millones al campo con la rebaja de retenciones

Equivale al 90% del costo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Informe de Francos al Congreso: pic.twitter.com/OTga7uzUA0

— Lucía Ortega (@OrtegaLu_) September 13, 2025

Sucede lo mismo si se pone la lupa en otros beneficios fiscales que reciben empresas híper millonarias como Mercado Libre que bajo el régimen de la economía del conocimiento se “ahorró” USD 57 millones en exenciones solo en 2024, en los últimos tres años ese beneficio da un total de USD 257 millones. Una ley que fue votada por todos los bloques del Congreso a excepción de la izquierda.

A fin de cuentas el equilibrio fiscal es a costa de recortar el presupuesto para salud, educación, jubilaciones y discapacidad, porque del otro lado crecen los pagos a la deuda pública, los beneficios impositivos para los sectores más concentrados de la economía y las coimas con el protagonismo del ministerio de Mario Lugones.

Perjudicaría otros programas

En un atisbo de preocupación, el Gobierno plantea que aumentar los fondos del Garrahan implicaría desatender otras áreas y programas que, en teoría, consideran “políticas públicas estratégicas” como VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales, o la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (ex DADSE). “La reasignación prevista implicaría desatender el financiamiento de Tratamientos para Patologías Especiales y de Alto Precio, Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnología así como Drogas Oncológicas y especiales” reza el decreto.

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Se trata de rubros donde ya hay denuncias de todo tipo porque el gobierno no garantiza medicaciones e insumos. La Provisión de Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnologia sufrió una caída real de su presupuesto de 58% desde 2023 y solo 11,67% de su partida presupuestaria está ejecutada durante este año. El programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmision Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra sufrió el despido del 40% del personal según denunciaron organizaciones sociales y sindicales.

A pesar de distintos amparos judiciales, el Gobierno pone todo tipo de trabas para acceder a medicación e insumos. La cantante Araceli María Julio, que murió hace dos meses, así lo denunció contra la ex DADSE que dejó de proveerle la medicación que necesitaba ante un cuadro de cáncer de mama muy avanzado. La noticia del cierre del Instituto Nacional del Cáncer, para ser absorbido directamente por el Ministerio de Salud, se explica también en el 60% de caída real de presupuesto desde 2023.

Mil residentes tensionan la coordinación federal

Entre otros argumentos el decreto también plantea que “existen MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1195) residentes nacionales en instituciones provinciales cofinanciados con la Nación, por lo que cualquier recomposición u obligación adicional derivada de la norma sancionada impacta también en las finanzas provinciales, tensionando la coordinación federal y el principio de corresponsabilidad presupuestaria que rige el sistema”.

Así como suena, aumentarle el sueldo a mil residentes pondría en tensión la realidad presupuestaria de las provincias, desopilante. por su parte, vienen aplicando su propio ajuste. En la provincia de Buenos Aires bajo la administración de Axel Kicillof se calculan 20 mil trabajadores de la salud con contratos precarios (becas) cobrando un sueldo de $ 500 mil.

Qué propone la ley

La ley aprobada en ambas Cámaras por amplio margen declara la Emergencia Sanitaria en la Salud Pediátrica y en las residencias médicas por dos años. Uno de los puntos fundamentales es que deroga la resolución por la cual el ministro Lugones eliminó el sistema de residencias precarizando a médicas, médicos y todo tipo de profesionales de la salud.

Se habilita la reasignación de fondos y el uso de reservas destinadas a situaciones críticas para reforzar el sistema de atención brindando recursos para insumos esenciales, medicamentos, vacunas, equipamiento y mantenimiento edilicio. Según la norma los salarios deben recomponerse contemplando la inflación desde noviembre 2023, momento en el que ya existían reclamos debido a la pérdida salarial acumulada hace años. El reclamo que surgió de las asambleas además de un aumento es que nadie cobre debajo de una canasta básica familiar calculada por ATE INDEC, que al 31 de julio es $ 1.906.092, al día de hoy hay sueldos que ni siquiera llegan al millón.

¿Cuáles son los próximo pasos?

Para sortear el veto que firmaron Javier Milei, Mario Lugones y todo el gabinete de ministros, ambas cámaras del Congreso tienen la opción de volver a insistir con el proyecto que logró la sanción. Para lograr quebrar el veto en ambas cámaras deben votar en positivo al menos dos tercios de las y los legisladores presentes.

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El miércoles se espera el primer round en Diputados donde se tratará también la ley de financiamiento universitario. Si bien la emergencia pediátrica salió en la cámara baja justo con dos tercios, en medio de su debilidad política el Gobierno hará todo lo que tenga en sus manos para lograr que el veto se sostenga. Además, entran en juego otros factores, desde legisladores que se den vuelta haciendo sus propios negocios, o que algunos gobernadores influyan haciendo acuerdos en beneficio propio con el Gobierno aprovechando la crisis que atraviesa, algo que se ha visto en múltiples ocasiones.

Desde el Hospital Garrahan la asamblea de trabajadoras y trabajadores convocó a un paro y movilización el próximo miércoles, lo mismo harán desde las universidades los sindicatos y centros de estudiantes, llamando a que se sume toda la comunidad, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicatos para que la movilización sea contundente. Para sortear el veto el colectivo de discapacidad mostró que el camino era mantenerse en las calles, contra todo tipo de especulación que provenga del Palacio.

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