Después de casi dos décadas de espera, la República Argentina cuenta con una reglamentación clara de la Ley de Refugio, sancionada en 2006. La nueva norma establece procedimientos más estrictos que buscan impedir abusos en el uso del asilo y resguardar a la población frente a amenazas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal.
El nuevo régimen incorpora herramientas de control inmediato, como el rechazo “in limine”, que permite desestimar de manera rápida solicitudes infundadas o fraudulentas. Según se informó, esto evitará dilaciones y gastos innecesarios.
También se implementa un procedimiento excepcional para los casos de extradición, garantizando que quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia no encuentren en Argentina un lugar donde escapar de la ley.
La reglamentación, además, habilita la cancelación o cese del reconocimiento del refugio en casos de fraude o delitos cometidos durante el trámite. De este modo, el Gobierno nacional señaló que se fortalece la seguridad interior y se brinda un marco ordenado para responder a compromisos internacionales en la materia.
“Con esta medida, la Argentina deja en claro que no será tierra de impunidad para criminales que busquen aprovecharse del sistema”, subrayaron desde la cartera de Justicia.