Presentar el desfinanciamiento de las universidades nacionales como un mero recorte presupuestario es ignorar su verdadero alcance. Esta política no solo resiente a la institución; es un golpe al proyecto de desarrollo y equidad de la Argentina.
Las consecuencias internas son evidentes: infraestructura que se cae a pedazos, laboratorios obsoletos y la fuga constante de investigadores y docentes precarizados. El primer ajuste siempre lo sufren las becas, vulnerando el acceso de los más humildes y traicionando el principio de educación gratuita.
Sin embargo, el impacto trasciende las aulas y afecta a toda la sociedad.
Frena el desarrollo nacional: un país que no invierte en ciencia y tecnología condena su industria a la dependencia. ¿De dónde saldrán los profesionales para innovar y crear valor? Es un sabotaje al futuro productivo.
Anula la movilidad social: la universidad pública es el gran ascensor social. Debilitarla es cementar la desigualdad, decirle a los sectores populares que el futuro de excelencia no es para ellos y desperdiciar talento.
Empobrece a todos: la universidad forma a los profesionales que sostendrán el sistema de salud público y nutren el debate cívico. Su deterioro se traduce en una democracia y una salud pública más frágiles.
Defender el financiamiento no es un capricho corporativo; es una cuestión de voluntad política para priorizar el futuro. Es una inversión estratégica en soberanía, inteligencia colectiva y justicia. Cada peso que se le quita a la universidad es un peso que se le resta al porvenir de todos.