A 23 años de uno de los misterios más grandes de la historia criminal de Entre Ríos, la búsqueda de la familia Gill se reactiva con el ingreso del abogado Marcos Rodríguez Allende como nuevo querellante en la causa. Su objetivo es encontrar respuestas sobre qué ocurrió con Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus cuatro hijos, vistos por última vez el 13 de enero de 2002.
Rodríguez Allende, en representación de los familiares de Gallegos, se suma a un expediente que ya acumula 18 cuerpos y ninguna resolución. “Vamos a trabajar para tratar de obtener una respuesta para toda la familia y para toda la sociedad entrerriana”, afirmó el letrado.
Desde el inicio, el abogado fue crítico con la investigación original y adelantó su principal hipótesis: la familia nunca salió del campo La Candelaria, ubicado en el departamento de Nogoyá, donde vivían y trabajaban. “Estoy convencido que cometieron un grave delito con esta familia y que uno de los principales sospechosos fue —y digo fue porque falleció en un accidente de tránsito en 2016— el propietario del campo”, señaló Allende en declaraciones a Elonce.
Un misterio de 23 años
La familia Gill —compuesta por el matrimonio y sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2)— fue vista por última vez en el velorio de un amigo. Desde entonces, nada más se supo de ellos.
El dueño de la estancia, Alfonso Goette, siempre estuvo en el centro de las sospechas, aunque nunca llegó a ser imputado en la causa. Goette, quien murió en 2016, denunció la desaparición tres meses después del hecho, argumentando que les había dado vacaciones y nunca regresaron. En su defensa, llegó a declarar: “Cómo los voy a querer matar si el más chico es hijo mío”.
Las demoras en la investigación inicial fueron clave: desde la denuncia de Goette hasta que se realizaron las primeras excavaciones en el campo pasó más de un año.
El nuevo abogado querellante adelantó que su primera medida será la revisión exhaustiva del expediente y solicitará la colaboración de los gobiernos provincial y nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de $12 millones para quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de la familia.
Con información de Cadena 3.