En diálogo con Canal E, el economista Tomás Castagnino advirtió sobre la magnitud del recorte que sufrirán los jubilados tras el veto del Ejecutivo a la nueva fórmula de movilidad y al bono de refuerzo.
Un recorte que golpea al bolsillo y a la economía
“Un jubilado que cobra la mínima en agosto recibe $384.000, pero podría haber recibido $470.000 si no se vetaba la ley”, explicó Castagnino, economista del CEPA, al referirse al informe que elaboraron desde el Centro de Economía Política Argentina. De ese total, “$314.000 corresponden a la jubilación base y $70.000 al bono”, que permanece congelado desde hace más de un año.
“Lo que buscaba el proyecto vetado era recuperar un 7,2% perdido en enero y elevar el bono a $110.000, actualizable luego con la jubilación”, precisó el entrevistado, subrayando la intención de recomponer el poder adquisitivo de los adultos mayores.
El informe del CEPA revela que el veto presidencial generará un impacto económico significativo. “Estamos hablando de $468.000 millones mensuales que no ingresan a los jubilados, lo que anualizado representa $5,6 billones”, alertó el economista, advirtiendo además sobre el efecto multiplicador negativo que esto puede tener en el consumo interno.
Para Castagnino, no solo se trata de un perjuicio individual para más de 6 millones de personas, sino de una decisión que limita el dinamismo económico. “Este ingreso adicional hubiera representado mayor consumo en un momento de evidente desaceleración económica y tasas de interés elevadas”, señaló.
“Hay una vara distinta para medir decisiones fiscales”
La justificación oficial del veto se basó en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, Castagnino cuestionó la lógica selectiva del gobierno: “El gobierno plantea que no hay fondos para los jubilados, pero no tiene problema en resignar ingresos cuando elimina retenciones”, afirmó.
Desde el CEPA, compararon el costo fiscal de ambas medidas. “La quita de retenciones representa aproximadamente la mitad de lo que se necesita para aplicar el aumento a los jubilados”, destacó el economista. Por lo tanto, “si el problema es la fuente de financiamiento, debería haber un debate serio y equilibrado”, insistió.
“Hoy el ajuste tiene destinatarios claros: los sectores más vulnerables”, expresó con contundencia Castagnino, dejando entrever que el gobierno no ha planteado con equidad sus prioridades económicas.
En su análisis, el economista alertó que la narrativa oficial estigmatiza a quienes proponen medidas redistributivas: “Parece que quien plantea una mejora para los jubilados es un degenerado fiscal”, dijo con ironía, cuestionando la falta de debate real sobre el uso de los recursos públicos.
Para concluir, sostuvo que el gobierno “usa una doble vara para justificar sus decisiones” y reiteró que el impacto del veto no es sólo contable: también pone en riesgo el bienestar de millones de personas y el movimiento económico de todo el país.