Una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas mediante la usurpación de identidad fue desbaratada por la Policía Federal Argentina (PFA). La banda operaba engañando a sus víctimas al asegurar que eran empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ofreciéndoles falsas ayudas económicas para robar sus datos y contraer deudas en su nombre.
La investigación, a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se inició en abril de este año a raíz de múltiples denuncias radicadas en La Rioja.
El modus operandi
Los delincuentes contactaban a las personas ofreciéndoles supuestos beneficios económicos del Estado. Para acceder a ellos, les exigían fotocopias de sus DNI y una fotografía de su rostro, argumentando que era un requisito para la rendición de cuentas ante el organismo.
Meses después, las víctimas comenzaron a recibir cartas documento de estudios jurídicos notificándoles sobre importantes deudas por préstamos y tarjetas de crédito que nunca habían solicitado.
La investigación y los allanamientos
Tras las denuncias, el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó una serie de intervenciones telefónicas. El análisis de las escuchas permitió identificar a dos mujeres y un hombre como los presuntos integrantes de la banda.
Las pesquisas revelaron que la organización contaba con dos oficinas de “atención al público” en la capital de La Rioja, una en el barrio Olivares y otra en la zona céntrica, y un tercer inmueble en la exclusiva zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, donde se ocultaban los encargados de las usurpaciones de identidad.
Con las pruebas reunidas, el juez ordenó tres allanamientos simultáneos en dichos domicilios, donde se logró la detención de los tres involucrados: dos mujeres de 69 y 19 años, y un hombre de 29.
Durante los procedimientos se secuestró una gran cantidad de elementos, entre ellos:$100.000 dólares apócrifos, $383.000 pesos argentinos y 150 dólares, documentación y tarjetas de crédito a nombre de los damnificados; 11 terminales de cobro electrónico; una carabina y una pistola calibre 22 con municiones y una camioneta de alta gama, dos notebooks, una tablet y 13 celulares.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado, enfrentando cargos por lavado de activos y usurpación de identidad.
Con información de Noticias Argentinas.