Que un ayuntamiento no disponga de medios económicos para contratar a más policías no es motivo suficiente para justificar que no ejerza su responsabilidad de proteger a los vecinos de los ruidos de la calle. El TSJB se ha pronunciado sobre la denuncia por inactividad que varios vecinos de la localidad de Ciutadella presentaron contra el Ayuntamiento, porque denunciaban que la clientela de un bar hacía ruido cada noche, sobre todo los fines de semana, la situación era insoportable y no se hacía nada para terminar con este escándalo.
Estos vecinos llevaban años soportando el ruido que generaba la clientela de un conocido bar, sobre todo cuando salían del local para fumar en la calle y consumir alcohol.
Los vecinos no solo denunciaban al bar, sino sobre todo se quejaban de que llamaban a la Policía Local de Ciutadella, pero ninguna patrulla hacia acto de presencia. Así, la sentencia detalla que, al menos, en cuatro ocasiones los vecinos avisaron a las fuerzas del orden, pero no se observó la presencia de ninguna patrulla por el lugar de los hechos. Estas llamadas se hacían de madrugada, en el momento en el que los vecinos no podían dormir por el exceso de ruido de los cliente del bar.
El Ayuntamiento, a través de informes oficiales, justificó que no contaba con unidades disponibles para acudir a la llamada de los vecinos.
El propio Consistorio, para justificarse de su inactividad, alegó que, por falta de medios, no podía adoptar las medidas adecuadas para atajar el problema. «Lo que debe entender el juez es la dificultad en la que se encuentran las administraciones públicas, en cuanto a que los dispositivos de Policía de que disponen son insuficientes para cubrir todas las necesidades». Sin embargo, esta excusa no ha sido suficiente para convencer al tribunal, que recuerda que cuando un ciudadano sufre una situación que hace casi imposible poder dormir en su casa por el exceso de ruido en la calle, no puede adoptar por su cuenta ninguna medida individual para terminar con este problema. No le queda más remedio que acudir a la administración, en este caso la local, para buscar una solución al problema. Una solución que pasa por la actuación de la Policía Local, que tiene la capacidad de obligar a que se cumplan las normas que obligan a los clientes de un bar a que no hagan ruido, porque ello impide que los vecinos puedan descansar por las noches. Y en este sentido, según señala el tribunal, que un ayuntamiento se excuse diciendo que no puede atajar el problema de los ruidos porque no dispone de policías suficientes para actuar, es lo mismo que indicarle al ciudadano que debe seguir aguantado esta insoportable situación.
La sentencia no impone ninguna sanción económica al ayuntamiento menorquín. Solo le obliga a que busque una solución para que los vecinos afectados por la presencia de estos clientes del bar en la calle, que es muy estrecha, puedan recuperar la tranquilidad y así puedan dormir tranquilamente por las noches, ya que hace años que no lo pueden hacer.
Suscríbete para seguir leyendo