La Fiscalía de Instrucción de 27ª Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, ordenó nuevas imputaciones en la causa que investiga una red de estafas telefónicas organizadas desde el Complejo Carcelario de Cruz del Eje.
Entre los acusados se encuentran dos internos que, junto a otros once ya detenidos, realizaban llamados fraudulentos haciéndose pasar por personal de Anses u otros organismos públicos. A ellos se suman dos personas que actuaban desde el exterior, aportando cuentas bancarias o retirando el dinero obtenido ilegalmente.
Todos están acusados del delito de asociación ilícita en el marco de la denominada causa “Alessandrini”, que ya suma un total de 31 imputados.
Se destacó que uno de los internos recientemente acusados estaba a punto de recuperar la libertad por agotamiento total de su condena, pero la orden de la Fiscalía impidió su salida. Las últimas medidas permitieron identificar a la totalidad de los presos que participaban de los llamados fraudulentos desde el penal.
Una red inmensa
Estos nuevos avances se suman a los antecedentes registrados en mayo de 2022, cuando la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación condenó a 23 personas por estafas telefónicas cometidas desde la misma cárcel. En aquel proceso, los jefes de la organización recibieron penas de entre 5 y 6 años de prisión efectiva, mientras que los demás integrantes fueron sentenciados a 3 años en suspenso, con obligación de cumplir normas de conducta como finalizar estudios y realizar trabajos comunitarios.
Los condenados en aquella oportunidad, entre ellos José Daniel Córdoba, William Elías Córdoba y Lucas Alberto Sebastián Chiquilito, utilizaban la modalidad de falsos sorteos para engañar a las víctimas y obtener transferencias bancarias. El juicio, por su magnitud, se desarrolló en dos salas en simultáneo y con algunos imputados participando de manera virtual.
La reiteración de casos y la cantidad de personas involucradas refuerzan la hipótesis de una estructura criminal organizada que, a pesar de los procesos judiciales previos, continúa operando desde el interior del establecimiento penitenciario.