Los accidentes laborales causaron 363 muertes en el primer semestre del año, tres más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo.
De acuerdo a la estadística de siniestralidad laboral, la mayoría de los accidentes mortales se produjeron durante la jornada de trabajo -295, 4 menos que hace un año- y los 68 restantes, 7 más, ‘in itinere’, es decir, durante el camino de ida o vuelta del trabajo.
La mayoría de estos trabajadores eran asalariados (334) y el resto (29), autónomos.
Entre los accidentes durante la jornada laboral la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (126), seguido de golpes resultado de una caída (49), accidentes de tráfico (39) y los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (39).
La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27).
Los hombres acumularon un mayor número de accidentes laborales mortales tanto durante la jornada de trabajo (280) como ‘in itinere’ (57), mientras que los de las mujeres se situaron en 15 y 11, respectivamente.
En la primera mitad del año se notificaron 298.410 accidentes laborales con baja, un 2,7 % menos, la mayoría en jornada de trabajo (256.071) y entre asalariados (284.722).
Los accidentes con baja en jornada de trabajo -253.976 de ellos, leves- fueron especialmente numerosos en la industria manufacturera (47.197), la construcción (38.818) y el comercio (33.746). Las causas más frecuentes fueron los golpes y el sobreesfuerzo físico.
Además, se notificaron 262.990 accidentes laborales sin baja, un 3,8 % menos.
Reforma de la ley de prevención de riesgos laborales
La reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, continúa a la espera tras año y medio de reuniones en la mesa de diálogo social a pesar de los reclamos de UGT y CCOO, que consideran inaceptables unas cifras de siniestralidad que están en máximos.
Según el borrador en el que trabajan el Gobierno y los agentes sociales, entre los cambios que se busca incorporar a una ley que lleva 30 años sin reformarse están, por ejemplo, la prevención ante las emergencias climáticas o las nuevas realidades digitales.
También se profundizaría en aspectos como la violencia y el acoso laboral, los riesgos psicosociales y la perspectiva de género, en tanto que se actualizaría el catálogo de enfermedades profesionales.
Los sindicatos reclaman al Gobierno que fortalezca la figura del delegado de prevención en los centros de trabajo, especialmente en las pymes, donde en ocasiones no llegan las evaluaciones e información de los riesgos, así como tampoco de las medidas preventivas necesarias.
Además, piden a Trabajo mayores exigencias a los servicios de prevención ajenos con el fin de asegurar que lleguen a todas las empresas y que puedan realizar las evaluaciones de riegos necesarias para evitar accidentes, dado que el año pasado un tercio de los siniestros no tenia hecha la evaluación a la que le obliga la ley.