En un nuevo intento por victimizarse y desviar la atención de sus fracasos en materia de gestión, el intendente kirchnerista Fernando Espinoza y su equipo lanzaron acusaciones falsas contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y la titular de la cartera, Patricia Bullrich.
Sin embargo, los datos oficiales desmienten categóricamente cada uno de sus dichos: La Matanza cuenta hoy con el mayor despliegue sostenido de Gendarmería Nacional en su historia.
Actualmente, operan 450 efectivos federales en el distrito, que junto a vehículos tácticos y motos bitripuladas, concentran su accionar en zonas críticas como Puerta de Hierro. El despliegue incluye patrullajes, controles, operativos sorpresivos y presencia permanente, coordinados a través del Plan 90/10, que ya realizó más de 1.000 procedimientos en lo que va del año.
Gracias a esta acción concreta del gobierno nacional, se lograron desarticular al menos una docena de bunkers narco en algunos de los barrios más complejos del conurbano.
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Los números desmienten la operación política
Mientras el secretario de Planificación Estratégica de La Matanza, Miguel Saredi, aseguró sin pruebas que “la Gendarmería pasó de 600 a menos de 200 efectivos”, los datos oficiales muestran lo contrario. En 2022 había 437 agentes; en 2023, 419; y en 2025, la cifra asciende a 450 efectivos activos diariamente, sin contar refuerzos periódicos.
Incluso se sostiene que la Policía Federal dejó de operar en Ruta 3, otra afirmación falsa: los controles continúan y se intensificaron en puntos neurálgicos del distrito, reforzando la seguridad vial y el control del narcotráfico.
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El gobierno provincial se borra, la Nación actúa
En lugar de asumir su responsabilidad constitucional en materia de seguridad interior, el gobernador Axel Kicillof y el intendente Espinoza intentan responsabilizar al gobierno nacional por los delitos que ocurren en el conurbano. Mientras tanto, Patricia Bullrich hace lo que ellos no: poner a disposición todos los recursos posibles para proteger a los vecinos.
Lejos de quedarse callada, la ministra no dudó en calificar de “denuncia trucha” la presentación del gobierno bonaerense contra los 24 policías separados de la fuerza por apoyar al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. El fiscal Álvaro Garganta desestimó las acusaciones de complot y redujo la causa a un eventual uso indebido de recursos, otra muestra del uso político de las instituciones por parte del kirchnerismo.
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“Reincorpórelos y déjese de joder. La provincia necesita seguridad, policías y mucho laburo. ¡Basta de estar del lado de los delincuentes!”, lanzó Bullrich en sus redes, en una clara defensa del accionar policial frente al aparato político que lo desprecia.
Un relato que no resiste los hechos
La estrategia de Espinoza, Saredi y Kicillof es clara: inventar un conflicto con Nación para tapar su propio descontrol en materia de seguridad, su inacción frente al avance narco y la falta de presencia territorial de la policía provincial. Pero las cifras no mienten. Por primera vez, La Matanza tiene presencia real, sostenida y contundente de fuerzas federales.
La ministra Bullrich está cumpliendo con su deber: garantizar seguridad para todos los argentinos, incluso en lugares donde otros eligieron mirar para otro lado.