El cuantioso patrimonio de Lázaro Báez será ejecutado. El fiscal general Abel Córdoba, que intervino en el juicio por la Ruta del Dinero K donde el exsocio de Cristina Kirchner terminó condenado por haber lavado 55 millones de dólares, solicitó el decomiso de $ 3.899.518.500.
El importe se cubrirá con 60 inmuebles, incluidos los de Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro; 52 propiedades de Austral Construcciones, las participaciones accionarias de 18 empresas, más de 100 vehículos y bienes de las diversas compañías. Será el juez Néstor Costabel, que ejecuta la pena, el que ordene cómo se afrontará al decomiso fijado.
Según se determinó en este caso, el exsocio comercial de los Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) lavó 55 millones de dólares. Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada.
Los fondos que provenían de la obra pública vial, que ganó sistemáticamente, fueron en parte volcados a las operaciones de blanqueo, según condenó el TOF 4.
Al ponderar la utilización de Austral Construcciones y de la firma de taxis aéreos Top se confirmó el decomiso a ambas compañías por una suma equivalente a los 330 millones de dólares. Además, se determinó que los condenados deben responder solidariamente con el pago de 65 millones de dólares.
La condena de prisión para los Báez
El fallo que confirmó hace poco más de un mes la Corte Suprema de Justicia, dispone la condena a diez años para Lázaro Antonio Báez, seis años y seis meses para Martín Antonio Báez, seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, cinco años para Julio Enrique Mendoza, tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña, cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi y Eduardo Guillermo Castro, entre otros.
La decisión del máximo tribunal confirmó también multas que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.
En el marco de estas operaciones hay otros números: durante el período en el que las maniobras de blanqueo se concretaron, Báez adquirió 1.412 propiedades que a 2016 se le adjudicaron un valor de U$S 205 millones.
El movimiento de dinero, la compra compulsiva de bienes muebles e inmuebles, representó -entre 2004 y 2015- que el patrimonio de Báez se incremente en un 12.127%, mientras que el de Austral Construcciones creció un 45.313%.
El patrimonio para el decomiso
Para cumplir con el decomiso, el Ministerio Público Fiscal individualizó 18 empresas de las cuales padre e hijo poseen acciones. Los rubros son de los más variado: compañías hoteleras, constructoras, inmobiliarias, venta de neumáticos, estaciones de servicios, firmas de comunicación, empresa de catering, petroleras, entre otras.
Todas ellas fueron utilizadas para concretar las operaciones de lavado de dinero. Perderán, si así lo decide el juez Néstor Costabel, también los paquetes accionarios.
El listado confeccionado por la fiscalía, detallado en 90 páginas, incluye 121 vehículos valuados en $ 34.023.124. Pero después, incorpora cientos de maquinarias pertenecientes a Austral Construcciones.
Respecto a las propiedades, 45 fueron identificadas a nombre de Lázaro Báez y 15 escrituradas por su hijo. A ese listado debe sumarse, además, 52 inmuebles que figuran a nombre de Austral Construcciones.
La compañía insignia del exsocio comercial de los Kirchner, como eslabón clave de las operaciones de blanqueo, también está sujeta al decomiso. Lo mismo ocurre con las demás empresas involucradas en la causa: de todas ellas se identificaron bienes muebles e inmuebles para requerir la ejecución.
En el caso de Austral Construcciones se debe cotejar con los remates efectuados por orden de la juez en lo Civil y Comercial, María José Gigy Traynor, quien tiene a su cargo la quiebra de la firma. La subasta de los bienes es para pagar a los acreedores: el principal es el Estado a través del ARCA por más de 2.200 millones de pesos.