País. La Justicia Federal le ordenó al Gobierno nacional que se abstenga de realizar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual la administración del presidente Javier Milei había anunciado que iba a transformar en un organismo sin autonomía.
La decisión la tomó la magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N2, a partir de una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En su carácter de secretario general de ese gremio, Rodolfo Aguiar pidió que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad“ de esa medida, al considerar que se trata de “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento” del instituto.
En este sentido, solicitó “que se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI, por carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público”.
El dirigente gremial cuestionó “la constitucionalidad de la Ley 27.742 (Ley Bases) y del Decreto 462/2025, que dispondrían la disolución del INTI, eliminando su autarquía y conducción colegiada, en contradicción con su norma de creación aún vigente”.
Puntualmente, las autoridades nacionales habían anunciado que el instituto iba a dejar de tener estatus de organismo descentralizado para pasar a ser parte de la Secretaría de Industria y Comercio.
De esta manera, según anticiparon en su momento fuentes oficiales, la entidad iba a continuar ejerciendo sus tareas habituales, pero se iba a reducir fuertemente su estructura administrativa.
Luego de analizar el caso, la jueza optó por “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar” y le ordenó al Poder Ejecutivo “que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación” de las mencionadas normas.
La magistrada aclaró que esto incluye “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas” a este organismo.
Además, estableció “la vigencia de esta medida por el término de seis (6) meses a partir de la notificación de la presente”, por lo que las autoridades nacionales no podrían avanzar con la transformación del instituto.
