Una nueva legislación aprobada en Utah, firmada por el gobernador republicano Spencer Cox el 25 de marzo de 2025 y en vigor desde el 7 de mayo, establece medidas más estrictas contra migrantes indocumentados que cometieron determinados delitos. A partir de ahora, tanto el sistema penitenciario estatal como las cárceles de los condados deberán intensificar la coordinación con las autoridades federales. Lo más llamativo es la presunción automática de riesgo de fuga en casos de extranjeros ilegales, lo que impacta directamente en su posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza.
Uno de los ejes principales de la ley HB 226 es establecer un sistema obligatorio de comunicación entre las autoridades locales y las agencias federales, especialmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en relación con personas detenidas que no poseen estatus migratorio legal y que cumplieron una condena penal.
En específico, estas son algunos de los nuevos requerimientos de la ley:
Otra de las cláusulas más controvertidas de la nueva legislación tiene que ver con el sistema de fianzas y la manera en que se evalúa el riesgo procesal de los imputados que están en situación migratoria irregular.
A partir de la entrada en vigor de la ley, se establece una “presunción refutable” de que una persona que no está legalmente en los Estados Unidos constituye un riesgo de fuga. Esto significa que, al momento de decidir si un acusado puede ser liberado antes del juicio, el tribunal asumirá que el imputado tiene altas probabilidades de huir, salvo que este presente pruebas convincentes en contrario.
Esta presunción no implica una sentencia automática, pero sí complica significativamente el acceso a la libertad bajo palabra o bajo caución.
La ley aclara que esta presunción se aplica tanto en casos de delitos graves como en determinados incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés), siempre que el estatus migratorio no pueda ser comprobado.
Según el texto oficial, esta medida busca garantizar que los acusados estén presentes durante el proceso judicial.
Los jefes de las cárceles en los condados de Utah también tienen nuevas responsabilidades bajo esta ley, tanto al momento del ingreso de una persona como al considerarse su liberación.
Esta combinación de medidas apunta a restringir el margen de acción de los jefes policiales a la hora de liberar a personas detenidas con antecedentes migratorios irregulares, y refuerza la función del estado como primer filtro en materia de inmigración.