Víctor Casanovas, actual director regional de IOMA en Dolores y concejal por La Cámpora en ese distrito, fue denunciado ante la Justicia Contencioso Administrativa por tres trabajadoras del organismo por violencia institucional, acoso laboral, discriminación de género y abuso de poder.
Las denuncias se suman a una creciente preocupación sobre el funcionamiento de las estructuras de poder dentro del Gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof, y que no han mostrado respuestas eficaces frente a situaciones graves de vulneración de derechos en el ámbito estatal.
Las denunciantes, Araceli Ramírez, Viviana Moyano y Johana Ramírez, señalaron que desde la llegada de Casanovas al cargo en febrero de 2024 se instaló un patrón de hostigamiento sistemático.
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De acuerdo a los testimonios presentados, el funcionario –respaldado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y por el presidente de IOMA, Homero Giles, ambos referentes de La Cámpora– habría utilizado su posición jerárquica para ejecutar medidas de hostigamiento, exclusión y reconfiguración funcional de manera arbitraria, sin ningún acto administrativo formal ni procedimiento sumarial.
Entre los hechos denunciados figuran amenazas para que las trabajadoras no participen en actividades sindicales, expresiones de carácter misógino como “las mujeres no sirven para liderar”, remociones informales de cargos, designaciones directas de allegados políticos, y restricciones operativas dentro del sistema laboral, tales como el bloqueo de usuarios y el retiro de insumos.
Además, se denunció la denegación sistemática de licencias médicas incluso ante diagnósticos psiquiátricos debidamente certificados. Esto obligó a las empleadas a gestionar licencias por violencia de género. Actualmente, las tres se encuentran bajo tratamiento médico y solicitaron medidas cautelares para frenar el hostigamiento y obtener su restitución inmediata a los cargos.
Las demandas incluyen también indemnizaciones millonarias por daño moral, psicológico, pérdida salarial y vulneración de derechos laborales.
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Las trabajadoras afirman haber recurrido a diversas instancias institucionales: el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz; el gremio UPCN; el intendente de Dolores, Juan Pablo García; y al equipo interdisciplinario del propio IOMA. Sin embargo, denuncian que no se produjo ninguna acción efectiva por parte del Estado provincial para abordar la situación.
Acusan además al entorno político de Casanovas de encubrir su accionar y consolidar una estructura de impunidad interna dentro del organismo, con apoyo directo desde la conducción del ministerio de Salud y de la obra social.
El caso deja ver la verdadera voluntad del Gobierno de Kicillof de actuar ante denuncias de violencia institucional dentro de su propia administración, la cual es nula. También pone en evidencia el incumplimiento de tratados internacionales suscritos por el país, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
El silencio oficial hasta el momento refuerza la percepción de que el poder político en la provincia de Buenos Aires opera bajo una lógica de protección interna antes que de respuesta a las víctimas, incluso en casos de violencia de género y abuso de poder dentro del Estado.