A esta unidad repentina del peronismo surgida de la condena definitiva a Cristina Kirchner no es fácil hallarle antecedentes históricos. Se habla de Perón, de Puerta de Hierro, de Gaspar Campos. Pero Perón no se hacía el prohibido, estaba prohibido.
Suele olvidarse que entre los expresidentes constitucionales que por distintos motivos estuvieron presos (desde Yrigoyen, Alvear y Frondizi hasta Menem) el récord de duración lo tiene Isabel Perón, casualmente una expresidenta a la que se le manipularon causas judiciales, que es como Cristina Kirchner describe su propio calvario. Por presunta corrupción en la Cruzada de Solidaridad y en el manejo de los fondos reservados, a Isabel Perón se le abrieron concretamente tres causas. Luego de derrocarla los militares las usaron para mantenerla presa cinco años y tres meses.
Por cierto que son casos bien diferentes, aunque para el kirchnerismo, como se sabe, la historia siempre es de plastilina. Acaba de comparar en un video la sentencia de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner con el bombardeo de Plaza de Mayo. Vamos, entonces la inexistencia del estado de derecho durante el “Proceso” podría haber servido para insistir con la perorata de que con Milei es igual, que tampoco hay estado de derecho ahora y que a los jueces los manipula Magnetto. El problema es que hace mucho que Cristina Kirchner decidió borrar de la historia a su antecesora en el Sillón de Rivadavia. No la va a recordar en plena tarea de construcción del mito de la mujer más perseguida del Universo. En la liturgia peronista victimizarse con un pie en la prisión duplica la gloria, pero a la gloria hay que administrarla con cuidado.
Las epopeyas de Alfred Dreyfus o de Nelson Mandela tal vez sean demasiado ilustres para soportar una comparación con el de la jefa de Estado argentina, que como quedó probado armó un sistema de sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado a través del redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz mediante un testaferro que empezó como humilde empleado bancario y terminó con una fortuna impúdica.
Alfred Dreyfus, capitán judío del Estado Mayor francés, en 1894 fue acusado y condenado a cadena perpetua por traición en un juicio militar secreto plagado de antisemitisimo e irregularidades de todo tipo. Sectores antes enfrentados entre sí (laicos, socialistas, republicanos moderados) se unieron en defensa de Dreyfus, un movimiento que fue catapultado por el J’acuse de Emile Solá. El reclamo de revisión del caso se transformó en una lucha por los valores fundamentales de la república, mientras del otro lado se asociaban en contra de Dreyfus gran parte del ejército, la Iglesia católica y la derecha nacionalista pegados en la época con el cemento del antisemitismo.
Incansable luchador contra el apartheid, Mandela fue acusado de sabotaje y otros crímenes contra el Estado y también fue sentenciado, en 1964, a cadena perpetua. La sentencia potenció su causa. Convertido en símbolo y mártir, sus dispersos seguidores se unieron y consiguieron internacionalizar la campaña “Free Nelson Mandela”. Hace unas horas se anunció la campaña internacional Cristina Kirchner libre.
Cristina Kirchner actúa como la heroína-víctima de una elaborada injusticia de factura ideológica. Vociferó en 2019 frente al Tribunal Oral N° 2, y lo repitió la semana pasada, “¡la historia me absolverá!”, frase inspirada en el Fidel Castro temprano que Mandela había copiado en su alegato de tres horas, en Johannesburgo, conocido con el título “Estoy preparado para morir”. Suena familiar. “Me quieren muerta o presa”. Pero no hay muchos más parecidos. Desde ya que las terribles condiciones carcelarias de Dreyfus y Mandela estaban en las antípodas de la más rígida de las opciones que fueron evaluadas en las últimas horas para Cristina Kirchner.
Las diferencias de fondo radican en la calidad de los sistemas bajo los cuales se llevaron adelante los procesos (Mandela fue juzgado durante el régimen del apartheid) y en el grado de congruencia de la sentencia con la realidad palpable a simple vista por cualquier ciudadano no fanatizado.
Si se prescinde por un instante de la intermediación de abogados, jueces, fiscales, si se saltea la interposición de los laberintos leguleyos, lo primero que se puede apreciar es que ni Cristina Kirchner ni quienes la veneran invocan como cuestión central su inocencia. Algo inusual entre reos postulados a injustos perseguidos.
La aún titular del Partido Justicialista ha sugerido sin excesiva sutileza que los demás políticos también roban pero que la justicia sólo la castiga a ella. ¿Por qué? Por motivos ideológicos, para sacarla de juego, para vengar medidas revolucionarias que sus gobiernos habrían adoptado.
El soslayo de la condición de inocente deja lugar a un variado repertorio victimológico. Es una perseguida política. La proscribieron. Impidieron que sea diputada provincial. Se confabularon jueces y medios: “¡lawfare!” La odian porque es mujer (créase o no, esto lo repitió hace dos días Máximo Kirchner).
En general los kirchneristas no creen necesario entender cómo logró la familia Kirchner devenir rica. Tampoco ofrecen una hipótesis acerca de cómo sucedió el milagro de que un vicepresidente y más de cuarenta ministros, secretarios de estado y casi todos los secretarios privados del matrimonio que se sucedió en el poder terminaron también, acaso en medida más modesta, millonarios, lo cual se conoce más que nada porque están siendo juzgados o ya fueron condenados por corrupción.
Es extraño que el argumento exculpatorio del “lawfare” santifique a la líder pero no tenga efecto sobre sus subordinados, de cuya suerte judicial ella nunca habló (mucho menos visitó a alguno en la cárcel). ¿Significa que los subordinados no son perseguidos injustamente? ¿Ellos sí son lo que la Justicia dice que son?
Sólo repudió a uno, a José López, una vez; después se le pasó. Fue en 2019, al someterse contra su costumbre a una entrevista televisiva sin protección garantizada. Frente a la pregunta sobre el caso de los bolsos en el convento amagó quebrarse, pidió un vaso de agua, dijo que el caso la angustiaba mucho y contó que cuando se lo contaron no acababa de comprender la escena. “Pensé en los miles de pibes que habíamos incorporado a la política y cómo se podían sentir con la escena”.
A la larga se ve que a los miles de pibes la escena de López tirando bolsos con nueve millones de dólares en el convento mucho no los afectó. Por estas horas, mientras López se entrega en Comodoro Py para cumplir la misma pena que la expresidenta (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos) en la misma causa Vialidad, gana la calle una nutrida militancia kirchnerista dispuesta a apoyar a la líder perseguida. Quien, por otra parte, con el paso del tiempo modificó la visión que había expresado sobre su eterno secretario de Obras Públicas (“lo odié como pocas cosas odié en mi vida”). En las últimas referencias que hizo al tema dijo que el problema no es López, son los empresarios que le pagaron.
Si es por los dirigentes del peronismo-kirchnerismo, la sentencia no inspiró nuevos argumentos. Al contrario, hubo reposición de viejos hits como el nombre de Héctor Magnetto, a quien no se había vuelto a demonizar con tanto fervor (¿nostalgias?) desde la época de la ley de medios. También fueron recicladas viejas falacias, como la que repite que a dos de los tres jueces de la Corte los puso Macri por decreto, lo cual explicaría la perversa composición del máximo tribunal, sostienen.
La realidad es que los tres miembros de la Corte llegaron al cargo después de obtener el acuerdo del Senado, que solo se consigue con un mínimo de dos tercios. Eso significa que hasta contaron con validación peronista. Sobre un total de 72 senadores, en 2016 Carlos Rosenkrantz tuvo 58 votos afirmativos. Horacio Rosatti, 60. La primera intención de Macri de nombrarlos por decreto en comisión (recurso que la Constitución habilita) fue dejada sin efecto por el propio presidente, porque había caído mal. El abrazo del kirchnerismo a esta mentira sólo indica falta de argumentos sólidos para descalificar a jueces prestigiosos. Un aluvión de palabras que quizás ayuda a no tener que recordar que Rosatti, además de ser peronista como el tercer miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y compartió el bloque del PJ con el matrimonio presidencial como convencional constituyente.
Claro, si se dijera que una Corte de tres miembros, dos de ellos de origen peronista, fue la que confirmó la condena de Cristina Kirchner dispuesta por dos tribunales coincidentes, sería un poco más complicado insistir con que la proscripción y asimilar a la Justicia con los marinos que en 1955 bombardearon Plaza de Mayo y mataron a 300 personas.