Las grandes eléctricas trabajan en un plan consensuado para proponer al Gobierno una ampliación de las operaciones de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que echen el cierre en 2027 y 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy comparten accionariado en la planta cacereña a través de la sociedad CNAT (que también es la propietaria de la central de Trillo, en Guadalajara) y se dan otro mes de plazo para alcanzar una posición conjunta.
Aunque Iberdrola tiene una participación mayoritaria en Almaraz, las decisiones estratégicas han de ser adoptadas por unanimidad con Endesa y Naturgy, según establece la regulación vigente de las denominadas agrupaciones de interés económico (AIE). Las eléctricas se reunirán en una junta de socios prevista para el próximo 20 de mayo, según ha adelantado Expansión y confirman fuentes conocedoras de la situación.
Las grandes eléctricas buscan una una propuesta consensuada sobre una revisión de los plazos de de los cierres de las centrales nucleares, y va tomando forma una posición conjunta de las compañías para solicitar una prolongación de la autorización de funcionamiento de Almaraz. Las compañías estudian la solicitud de una ‘miniprórroga’ de tres años para la central cacereña de Almaraz, alargando su funcionamiento al menos hasta 2030, y que empujaría a revisar las fechas de cierre de todas las demás centrales con prolongaciones similares de bienios o trienios extra.
La ampliación de la licencia de Almaraz, sea sólo hasta 2030 o más allá, conllevaría una reordenación del resto de cierres -previstos de manera ecalonada hasta 2035- para que no se solapen unos con otros, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores. Las eléctricas también reclaman rebaja de rebajas de tasas e impuestos estatales y autonómicos que pagan las centrales nucleares para hacer viable la continuidad de los reactores.
Desde el Gobierno de momento se subraya que “no hay ninguna propuesta formal de las empresas propietarias de Almaraz para ampliar el calendario de cierre” y se apunta que “en las conversaciones mantenidas con las compañías el Ministerio tampoco ha constatado una apuesta concreta y unitaria sobre el futuro de Almaraz”. Las grandes eléctricas trabajan en busca de esa apuesta concreta y unitaria y pretenden llegar a la junta de socios de dentro de un mes con un plan conjunto.
Contrarreloj por Almaraz
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).
La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, está ya en tiempo de descuento. El calendario oficial vigente establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028. Sin embargo, las eléctricas necesitan que se adopte una decisión de manera urgente para revertir esas fechas fijadas para su clausura. Los tiempos para revisar las fechas de cierre no son ilimitados, porque los condicionantes operativos y económicos son muchos. Y la decisión si se quiere prolongar la vida de Almaraz debería adoptarse antes de junio.
El proceso previo de planificación de las inversiones necesarias para seguir funcionando exige tomar una decisión ya, para cerrar acuerdos de formación, asegurarse que los operadores e la sala de control cuentan con las licencias oficiales preceptivas y para la contratación del resto del personal, y también para pactar las compras de combustible nuclear y otros suministros.
Fuera de esos plazos, si se toma la decisión más allá del primer semestre de 2025, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ése es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central. Iberdrola (que controla el 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) temen un escenario en que la central se quede durante años sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de recibir la autorización para volver a funcionar. Y mientras, las compañías sí que acumularían costes millonarios de mantenimiento y de personal por tenerla hibernada.
Choque por los impuestos
El Gobierno y las grandes eléctricas mantienen contactos para abordar un posible aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares. Iberdrola, Endesa y Naturgy han defendido públicamente la necesidad de mantener más tiempo en funcionamiento todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en el país, frente al calendario de cierres escalonados programados entre 2027 y 2035. Las compañías eléctricas, no obstante, consideran como condición imprescindible para no tener cerrar las nucleares y pactar una revisión del calendario de clausuras que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas den garantías expresas de que bajarán los impuestos a las centrales para asegurar su rentabilidad.
Sin embargo, el Gobierno aleja esa posibilidad y advierte de que los costes de operación de las centrales y de gestión de sus residuos debe seguir recayendo en las propias compañías eléctricas. El Ejecutivo “ha trasladado de manera firme a las empresas que la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no pueden en ningún caso recaer en los consumidores”. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se advierte de que “actuará de manera responsable guiándose siempre por el principio rector de ‘quien contamina paga’”.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh). En total, más de 1.500 millones de euros cada año que, según se denuncia desde el sector eléctrico, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales. Por eso reclaman que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas que aplican tasas específicas den garantías de que rebajarán los gravámenes.