Las limpiadoras de los institutos públicos de enseñanza Secundaria (IES) de Córdoba en huelga desde el 24 de marzo por el impago de sus nóminas preparan una manifestación ante la sede de la empresa para el próximo viernes, 11 de abril, mientras siguen sumando apoyos a su causa. El Sindicato de Estudiantes ha convocado a la huelga a los alumnos de los IES afectados por el paro de las limpiadoras en solidaridad con este colectivo de trabajadoras. El paro estudiantil está previsto para el jueves, 10 de abril, en que además se hace un llamamiento para participar en una manifestación en la plaza de las Tendillas, a las 12.30 horas de ese día.
Las 150 trabajadoras del grupo Mabraser XI SL, empresa adjudicataria del servicio de limpieza en hasta 31 institutos de la capital, la Vega del Guadalquivir y la Subbética sufren el impago de sus nóminas desde diciembre. «No han cobrado la extraordinaria de diciembre, ni la nómina de febrero, ni la de marzo ni la de beneficios», explica el secretario general del sindicato CTA, Francisco Moro.
El dirigente sindical señala que desde marzo, la empresa no contesta a ningún requerimiento, ni sindical, ni del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) ni de la Junta. Este medio ha intentado contactar telefónicamente con la empresa sin éxito; tras unos minutos a la espera atendiendo las indicaciones de un contestador automático, la línea se corta. El viernes próximo, las limpiadoras tienen previsto manifestarse ante las puertas de la sede de Mabraser, ubicada en el polígono de Amargacena.
Mabraser XI SL es la adjudicataria del servicio de limpieza de hasta treinta y un IES de Córdoba desde el inicio del curso actual, y en diciembre llegó el primer impago. El líder del CTA señala en este sentido, que si bien en este sector hay «mucha empresa pirata», este caso ya ha llegado al extremo.
La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha explicado estos días que la Administración está al corriente de sus pagos a la adjudicataria. Sin embargo, para Francisco Moro, la responsabilidad de la Junta va más allá, «porque sabían que la oferta de Mabraser era temeraria y siguieron adelante».
La Junta, lista para la cesión del contrato
Desde la Junta, fuentes de la Delegación de Educación insisten en que por su parte están al corriente de todos los pagos con la empresa y lamentan que el responsable de Mabraser esté «desaparecido». En ese sentido, recuerdan que el 3 de marzo se celebró una primera reunión con representantes de Mabraser XI, S.L. en la delegación, con el objetivo de informarles sobre la obligación de cumplir con lo establecido en contrato y de advertirle sobre las posibles consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Desde aquella fecha, señalan desde Educación, «han sido numerosas las reuniones mantenidas con la empresa, las propias limpiadoras y representantes sindicales con el objeto de encontrar una solución, que a propuesta de todas las partes interesadas pasa por la cesión del contrato a otra empresa que se haga cargo de la nómina de las trabajadoras». En ese sentido, la Junta explica que «la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa vigente impide su abono directo por parte de la Consejería de Educación».
Uno de los compromisos que asumió la empresa fue el de proporcionar material de limpieza a los centros, sin embargo, desde la Junta vuelven a señalar que «en los últimos días no ha podido ser contactado telefónicamente desde la delegación territorial el representante legal de Mabraser, por lo que desconocemos los avances que se hayan producido en las negociaciones para la cesión del contrato y la solución definitiva del problema pasa por la resolución por incumplimiento del mismo, en pos de la cual se han dado los pasos necesarios, y contratación de nueva empresa que se haga cargo del servicio de limpieza».
Respeto al derecho a la huelga
Mientras el conflicto se soluciona, Mabraser está obligada a limpiar los centros educativos a su cargo, señala la Junta, sin que la Administración pueda interferir en el cumplimiento de esta obligación, «máxime cuando existe una huelga convocada y cualquier actuación al respecto pudiera ser considerada como injerencia en el derecho de huelga», señalan desde Educación.