En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno desclasificará todos los archivos vinculados con el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura militar. “En nuestro compromiso inclaudicable con los derechos humanos, contar la historia completa es tarea crucial”, marcó. La medida se basa en el Decreto 4/2010, que había firmado la expresidenta Cristina Kirchner en 2010 y que, según el portavoz, “nunca había sido implementado en su totalidad”.
Indicó, además, que la información que hasta el momento estaba en manos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ahora estará bajo el control del Archivo General de la Nación (AGN).
No se sabe aún cómo ni cuándo se podrá acceder a los documentos: todavía no hay un plan de trabajo definido para el traspaso al AGN. Tras el anuncio de Adorni, LA NACION se contactó con distintas fuentes del Gobierno para tener detalles del procedimiento de desclasificación, pero, según lo informado, todavía no está detallado. Según fuentes cercanas al Archivo General de la Nación, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete, a partir de este martes los equipos del Archivo y de la SIDE se pondrán en contacto para el traspaso del material, sobre cuya magnitud aún no hay precisiones. “Se va armar un plan de trabajo en función de la cantidad y el Estado del material que haya”, dijeron.
“Hasta que se hizo el anuncio, todo se manejó bajo siete llaves en el área de Presidencia”, dijeron en el Gobierno para justificar la falta de datos y precisiones sobre cómo será la operatoria.
En el mensaje grabado que difundió Adorni esta mañana, dijo: “Ordenamos la desclasificación total de toda la información vinculada al accionar de las fuerzas, así como toda otra documentación producida en otros períodos pero relacionada. (…) El accionar de las fuerzas en la última dictadura pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político. Durante décadas los archivos permanecieron en las sombras y todos los gobiernos de turno tuvieron acceso; pesar del eslogan vacío, fueron utilizados como botín de guerra vaya saber cómo”.
Adorni destacó que la desclasificación es una práctica difundida en todo el mundo. “Muchos países avanzaron en otros procesos de desclasificación y la Argentina no puede quedar rezagada en este proceso”, remarcó. El vocero hizo alusión a la decisión del gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, de abrir al público una serie de archivos del FBI que incluían información que iba desde crímenes de guerra hasta el asesinato del entonces presidente John F. Kennedy.
En esta misma línea, el vocero anunció que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “atentado” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola como un crimen de lesa humanidad. “En este atroz atentado, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros interceptó el auto en el que el capitán viajaba con su familia: su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses y sus dos hijas de cinco y tres años. Después de una corta balacera, su hija menor fue asesinada y el capitán Viola -gravemente herido- intentó correr para salvaguardar la vida del resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza”, relató Adorni.
Y añadió: “Su otra hija sufrió ocho operaciones y estuvo en coma cuatro meses, pero logró sobrevivir. Su esposa, que salió ilesa del atentado, falleció en 2021 después de pasar el resto de su vida bregando por Justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su esposo e hija fueron liberados hacia finales de la década del 80. Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnizaciones del Estado por haber estado detenidos durante el Estado de sitio”.
El vocero lamentó que en 2016, cuando la viuda de Viola apeló ante la Comisión, la secretaría de Derechos Humanos de la gestión de Alberto Fernández remitió una respuesta en la que sostuvo que el atentado “no constituía un delito de lesa humanidad”. “Bajo la presidencia de Milei, y habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, en donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto de los trágicos sucesos ocurridos en la década del 70″, diferenció y sumó: “Para Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras fuerzas armadas”.
Minutos después del mensaje de Adorni, la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X publicó un comunicado oficializando esta medida.
En esta misma línea, el Gobierno también confirmó que desclasificarán documentos secretos vinculados con los nazis que se refugiaron en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. La medida fue anticipada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que detalló que el presidente Milei “dio la orden de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información” tras un pedido de senadores estadounidenses.
“Hace pocos días el presidente Milei recibió al senador Steve Daines, que viene luchando hace mucho tiempo porque se conozca toda la información sobre aquella época en la que los nazis vinieron a guarecerse en la Argentina”, detalló Francos en diálogo con DNews. El encuentro también contó con la participación de Darin Thacker, jefe de Gabinete del legislador; Abigail Dressel, encargada de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires; y Cynthia Jo Daines, esposa del funcionario republicano.
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