El Gobierno laborista del Reino Unido ha anunciado este martes un nuevo plan para reducir el gasto en prestaciones sociales y devolver a miles de trabajadores al mercado laboral. La propuesta, presentada por la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, prevé endurecer las condiciones de acceso a las ayudas por enfermedades físicas o mentales, especialmente entre los más jóvenes. El objetivo es ahorrar cerca de 5.000 millones de libras (6.000 millones de euros) en los próximos cinco años y frenar el aumento del número de personas que reciben prestaciones, una cifra que se ha disparado tras la pandemia.
Los principales cambios afectarán al llamado Crédito Universal (Universal Credit), una ayuda para las personas con bajos ingresos, independientemente de si trabajan o no, y que incluye un complemento en el caso de tener problemas de salud o discapacidad. Esta prestación aumentará en 775 libras (921 euros) en los próximos cinco años, pero el complemento por problemas de salud o discapacidad se verá reducido en el caso de las nuevas solicitudes a partir del próximo año. Además, los menores de 22 años no podrán reclamar este complemento, algo que permitirá al Gobierno destinar el dinero ahorrado a programas de trabajo y formación para los más jóvenes.
Regreso al mercado laboral
Kendall también ha anunciado que eliminará el actual sistema de Evaluación de las Capacidades Laborales (WCA) en 2028, un sistema que determina si una persona está incapacitada para trabajar y cuál es el alcance de esa incapacidad. El objetivo es reducir al máximo el número de personas exentas de buscar trabajo e incentivar al resto a volver al mercado laboral. «El sistema de seguridad social siempre estará disponible para las personas con auténticas necesidades, pero las personas con discapacidades que sí pueden trabajar deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro», ha dicho la ministra en el Parlamento.
El Gobierno británico señala que el gasto en prestaciones por enfermedad o incapacidad de los trabajadores en edad laboral ha aumentado en 20.000 millones de libras (24.000 millones de euros) desde la pandemia. Un gasto que se prevé que aumente otros 18.000 millones de libras en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 70.000 millones. «Los cambios sociales y demográficos han llevado a que más personas vivan hoy con discapacidades. Las solicitudes de los jóvenes han aumentado un 150%; las reclamaciones por problemas de salud mental han crecido un 190%; y las relacionadas con problemas de aprendizaje, un 400%», ha asegurado Kendall, quien ha añadido que esta situación «no es sostenible» a largo plazo.
Críticas internas
El Ejecutivo laborista insiste en que las personas con auténticos problemas de salud a largo plazo y con discapacidades severas no se verán afectadas por los cambios, pero el plan ha provocado recelos entre los diputados de su propio partido. La diputada laborista Debbie Abrahams, presidenta de la comisión parlamentaria de Trabajo y Pensiones, ha alertado de que los recortes sociales realizados por los gobiernos anteriores han provocado «efectos adversos», incluida la muerte de personas vulnerables. Clive Lewis, otro diputado del partido, ha apostado por aumentar los impuestos a los más ricos para evitar los recortes. «No creo que esta sea la decisión correcta. Hay otras opciones que se podrían valorar», ha asegurado a Sky News.
Algunas organizaciones han cifrado en cerca de un millón el número de personas afectadas por los cambios anunciados por el Gobierno, aunque todavía falta saber con detalle a quiénes afectarán con más fuerza. A pesar de las críticas, el Ejecutivo se ha mostrado decidido a implementar el plan y a someter algunas de las medidas a votación en el Parlamento en las próximas semanas. La urgencia de recortar el gasto público ante las malas previsiones económicas y ante la creciente necesidad de destinar más recursos a otras partidas –incluido el gasto militar– han puesto al Gobierno británico en una situación delicada y han añadido mayor tensión en sus propias filas.