El Gobierno lleva semanas esquivando las presiones -tanto desde el ámbito político como del económico- para alargar la vida de las centrales nucleares y revisar el calendario pactado por las eléctricas, que contempla clausuras escalonadas desde 2027 y hasta 2035. El Ejecutivo está sorteando esa pronuclear esgrimiendo que las fechas de cierre de los reactores no la decide el Ejecutivo, que pedir autorización para alargar la vida de los reactores corresponde exclusivamente a las compañías eléctricas propietarias (fundamentalmente Endesa e Iberdrola, y con participaciones minoritarias en algunas centrales también Naturgy y EDP) y que las empresas no habían trasladado ninguna solicitud al respecto.
Iberdrola y Endesa reclamaron hace un par de semanas, de manera más o menos explícita, establecer un diálogo directo con el Gobierno para debatir sobre la conveniencia de alargar la vida de las centrales nucleares y aplazar las clausuras programadas, y también sobre las cargas fiscales que soportan las plantas y que, según las compañías, hace inviable la rentabilidad futura de las instalaciones.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sostiene ahora que ese diálogo reclamado por Iberdrola y Endesa siempre ha existido y que es permanente, y que en esas conversaciones constantes las compañías eléctricas siguen sin reclamar al Gobierno un cambio en las fecha de cierre previstas.
“Las energéticas han pedido diálogo y siempre hemos tenido un diálogo permanente. De momento tenemos diálogo y nada más. No hay ninguna novedad. No hay ninguna petición y seguimos con el calendario de cierres previsto”, ha explicado Aagesen en un encuentro con medios de comunicación este jueves. “De momento no han planteado nada respecto al calendario de cierres”. En las últimas semanas, la propia vicepresidenta ha reconocido que si las eléctricas solicitan ampliar la licencia de explotación más allá de las fechas de clausura previstas para cada central, el Ejecutivo estudiará la solicitud de manera normal y siguiendo el procedimiento que marca la normativa.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). Ahora la posición de Iberdrola y Endesa está alineada y, por razones no exactamente coincidentes, reclaman reabrir el debate sobre cuándo cerrar las centrales nucleares.
Tanto Iberdrola como Endesa están mostrando cada vez más claramente en público una posición de defensa de prolongación de las nucleares como vía para asegurar el consumo intensivo de electricidad de grandes proyectos industriales (como los centros de datos o la extensión de la red de recarga de coches eléctricos) y hacerlo con una tecnología energética como la nuclear sin emisiones de efecto invernadero.
Ayudas de 700 M al almacenamiento
En paralelo, el Gobierno planea lanzar un programa de nuevas ayudas por un importe de 700 millones de euros para el almacenamiento energético, según ha confirmado Aagesen en un receso de la reunión que mantiene este jueves con más de 50 asociaciones del sector energético e industrial para dar a conocer el programa del Ministerio, Aagesen indicó que estas ayudas se desarrollarán con fondos del programa FEDER 2021-2027 de la Unión Europea y que su propuesta de convocatoria se ha lanzado ya a consulta pública.
«Habrá 700 millones para ayudar al ‘capex’ del almacenamiento, que entendemos que sumado al mecanismo de capacidad, será un gran incentivo para que el almacenamiento forme parte de nuestro sistema energético y siga avanzando con fuerza en esta década», ha apuntado la vicepresidente. El programa de ayudas estará destinado a la puesta en marcha de proyectos de almacenamiento energético que contribuyan a la transición energética, específicamente para proporcionar mayor flexibilidad al sector de la energía, incluida la integración de las fuentes de energías renovables, según consta en la propuesta de convocatoria lanzada a consulta.
Aagesen haa trasladado al sector que en la nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030, en la que trabaja el Ministerio, «la prioridad va a ser el sector industrial». «Una prioridad clara y contundente», aseveró. Aagesen confía en que esta nueva planificación eléctrica se pueda lanzar a audiencia pública «en las próximas semanas», aunque subrayó que no será «definitiva» y que se seguirá «escuchando a todos los agentes». «No solo a las comunidades autónomas, sino también a los sectores productivos», afirmó.
La vicepresidenta ha confirmado que las inversiones para esta nueva planificación «van a ser superiores» al límite de inversión actualmente existente, haciendo así oídos a una de las grandes peticiones del sector eléctrico. Actualmente ese límite máximo de inversión es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.