En un nuevo capítulo de la pulseada entre la UCR y el PJ por el “impuestazo” en los inmobiliarios urbano y rural, el diputado nacional Rodrigo de Loredo y sus espadas en la Unicameral agotarán la vía de la instancia administrativa, mientras se preparan para el desembarco en la justicia.
De Loredo, junto a los legisladores Alejandra Ferrero (titular del interbloque JxC) y Matías Gvozdenovich (presidente de la bancada UCR), presentaron un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Ingresos Públicos demandando conocer la fórmula del coeficiente CEI 2025 que impactó en el impuesto Inmobiliario con “aumentos confiscatorios”, según viene denunciando el deloredismo. De este modo, el círculo chico del referente radical agotará la vía de la instancia administrativa para luego hacer pie en los Tribunales. Con pocas expectativas de que el área dependiente del Ministerio de Economía devele “la fórmula de la Coca Cola”, tal como califican los opositores duros al CEI 2025, las espadas deloredistas se alistan para la batalla judicial por el “impuestazo”.
Con el pedido de acceso a la información pública, De Loredo y sus lugartenientes en la Unicameral demandan respuesta, acompañada de la documentación respaldatoria, que permita determinar cómo se calculó el impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, que desató la queja ciudadana y del campo, en el inicio de este año.
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En la presentación ante el organismo a cargo de Gerardo Pintucci, sustentada en 18 puntos que concentran el requerimiento de información, la clave está puesta en los datos y los documentos que aporten -en detalle- cómo “se ha llegado al coeficiente CEI” y que expliquen “la estructura de su fórmula de aplicación matemática”, reza el escrito al que accedió Perfil Córdoba.
El Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) del 2025 es reclamado por la oposición, a través de pedidos de informes, sin tener respuestas. “Algo que, hasta ahora, es un misterio sólo conocido por algunos funcionarios”, advirtió el deloredismo en su pedido formal a la Secretaría de Ingresos Públicos.
El CEI fue introducido en el Código Tributario Provincial mediante la ley 10.725, del 2020, con el propósito de “equilibrar la carga tributaria entre los contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario”. A dicho impuesto que paga el contribuyente, conformado por un concepto “básico” y uno “adicional”, se le aplica el CEI que para cada inmueble en particular se establezca.
¿Quién lo determina? A través de esta norma se faculta a la mencionada Secretaría a fijar el coeficiente de cada año. El del 2025 desató la polémica. De hecho, hay iniciativas de la oposición -entre ellas, una de la UCR- por la cual se pide que se deje sin efecto el ajuste de este año y se utilice el CEI del año 2024. “Presentamos un pedido de acceso a la información pública en el Ministerio de Economía, solicitando nos informen, basados en la ley 8.803, los criterios utilizados para la elaboración y aplicación del Coeficiente de Equidad Inmobiliario, que nos transparenten la fórmula utilizada y por la cual se arriba a estos resultados irrazonables que reflejan los cedulones con aumentos desproporcionados”, declaró Ferrero.
Impacto del aumento
En medio de la pulseada protagonizada por la UCR y el PJ, halcones opositores advierten que “la bala le entró” al gobierno, ante la queja ciudadana y el malestar en las bases del campo. Por su parte, espadas legislativas del oficialismo reafirman que “no existe” un impuestazo y acusan al ala dura de Juntos por el Cambio de hacer “politiquería”.
El peronista Miguel Siciliano apuntó a dar un debate más amplio centrado en un nuevo sistema de coparticipación tributaria de Nación que sea “más equitativo”. Así, embretó en la jugada a De Loredo y Luis Juez en su planteo de defender a Córdoba ante el poder libertario.
El alineamiento opositor viene denunciando que los cedulones de los inmobiliarios urbano y rural de este año vinieron con aumentos que van más allá de los topes del 172% y del 189% (luego se bajó al 172,5%), respectivamente, cuyos valores ya son altos porque supera a la inflación. En el peronismo desmienten ese nivel de impacto y circunscriben al 1% del universo de contribuyentes que han percibido un aumento por sobre los topes fijados. Ante la consulta por la fórmula del CEI, desde el Centro Cívico se limitaron a señalar: “Nada más para agregar”. “Las respuestas y explicaciones se dieron en el ámbito de debate que fue la propia Legislatura”, añadieron.
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De Loredo volvió a cruzar al gobierno reafirmando que se trata del “aumento más alto de la historia” en el Inmobiliario. Según su lógica, “la inflación 2025 se proyecta en un 24% y el gobierno anunció un aumento del Inmobiliario del 172,5%. Esto se suma a que en 2024 la inflación fue del 117% y la recaudación del Inmobiliario creció el 176%”, aportó. “Es una salvajada y una brutalidad impositiva, confiscatoria e ilegal. Pero resulta todavía peor, porque los aumentos que realmente llegan en los cedulones superan el 172,5% y son del 200%, 300% y hasta del 1.000%”, remarcó.
El Inmobiliario Rural llegó con aumentos que “en muchos casos superan el 43% del tope oficial del 172,5% y llegan a triplicar lo que se pagaba el año anterior”, se dijo desde el núcleo deloredista cuando estuvieron cara a cara con los productores en la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Otro botón de muestra fue la asamblea con ánimos caldeados del miércoles pasado en Marcos Juárez, donde se instó al Ejecutivo “a reconsiderar el aumento del impuesto”. Los productores demandaron que el incremento para el período 2025 tome como referencia el índice de inflación 2024 y no exceda el mismo.
Avanzada opositora
Con la presentación ante Ingresos Públicos, los boinas blancas dejaron la “reserva” de acudir a la justicia “a los efectos de la satisfacción del derecho de acceso a la información pública que nos asiste” en el caso de que no haya respuesta o que sea “ambigua, inexacta, poco precisa o incompleta”.
Mientras el deloredismo empezó con su cuenta regresiva, en base al plazo máximo de 10 días para tener respuesta del organismo provincial, Ferrero le confirmó a este medio que darán la batalla judicial por el “impuestazo” en los tribunales contenciosos administrativos. “Paralelamente presentaremos un amparo colectivo donde los contribuyentes demuestran esta confiscación y arbitrariedad, además de evidenciar la indeterminación sospechosa de este coeficiente. Necesitamos urgente que la justicia se exprese y de una respuesta. La misma que el gobierno no está queriendo dar”, resaltó.
Asimismo, un cuerpo de abogados del entorno de De Loredo se encuentra evaluando la instancia de recurrir a una acción directa ante el Tribunal Superior de Justicia. Esta posibilidad ya fue adelantada por el propio De Loredo.