El anuncio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un programa de televisión de Buenos Aires respecto de la baja de 300 mil registros y autorizaciones para cultivar cannabis con fines terapéuticos ha encendido alarmas de preocupación y de zozobra en el mundo del cannabis medicinal. No así en el oscuro laberinto del narcotráfico organizado.
La “baja del Reprocann”, como ella misma se encargó de titular, lejos de ser un golpe a las mafias que trafican drogas, se convertirá en un golpe a las personas que padecen fibromialgia, epilepsia refractaria, cáncer, reuma, artrosis, artritis, soriasis, autismo, insomnio, ansiedad, Parkinson, Alzheimer, glaucoma, VIH, esclerosis, asma, etcétera.
Quienes utilizan los beneficios terapéuticos de esta planta son mayormente niños, niñas y personas mayores, lo cual convierte el anuncio en una amenaza concreta a la calidad de vida de la población más vulnerable de la sociedad.
El cannabis lleva acompañando a la humanidad desde hace más de 8.000 años, tanto a nivel recreativo como medicinal. Sus orígenes se encuentran en Asia (China e India) y hay referencias y recetas magistrales con más de 4.000 años de antigüedad.
El emperador chino Shen Nung incluyó muestras y ensayos en la farmacopea de la época, utilizada sobre todo para “dolencias corporales”. Shen Nung es considerado el padre de la medicina china.
Claro que nada de esto parece ser materia de conocimiento por parte de la ministra de Seguridad, una funcionaria cada vez más alejada de la información científica por estar preocupada en dar impactos mediáticos, militarizar territorios e inventar enemigos internos que justifiquen sus “acciones de combate”, esta vez contra el derecho a la salud.
La ley 27.350 de Cannabis Medicinal regula el acceso a una terapia alternativa en el marco del derecho a elegir el tratamiento más idóneo o adecuado frente a una enfermedad determinada.
De modo que resulta extraño que pese a ser el Ministerio de Salud de la Nación la autoridad de aplicación de esta ley salga por los medios la titular de la cartera de Seguridad a anunciar cambios en una ley sanitaria, de la cual no sólo es ajena sino que también ha exhibido una evidente ignorancia.
Derecho a la salud
Luego de la última reglamentación (decreto 833/20), la Ley de Cannabis Medicinal se transformó en un vector desde donde se consolidaron estos derechos fundamentales. El derecho humano a la salud, a elegir tratamientos terapéuticos y a gozar de una mejor calidad de vida son hoy el blanco en esta nueva “zona de combate”.
Pretender confundir a la sociedad diciendo que detrás de cada registro se esconde un narcotraficante no sólo es falso sino peligroso. Si uno razona detenidamente los dichos de Bullrich, resulta absurdo pensar que un narcotraficante decida blanquear su actividad brindándole al Estado datos sobre su identidad, su domicilio, sus patologías o los datos de las personas para quienes cultiva, muchas veces madres, padres, abuelos, hijos o amigos.
Un disparate insólito, pero que dicho de la manera en que se dice –en un programa de televisión de alcance masivo y respaldado por el trabajo en redes sociales– puede resultar peligrosamente creíble.
La ONG Comunidad Cannábica Córdoba lucha desde 2010 por la libertad de todos los usos de la planta de marihuana y da una batalla cultural e ideológica diaria contra el modelo persecutorio y criminalizador de conductas privadas que encuentran amparo legal en el principio de reserva establecido por el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.
Desde la creación del Reprocann, nuestra organización asiste a casi cuatro mil usuarios medicinales de cannabis en toda la provincia. Durante los últimos cuatro años ha conformado dentro de su seno un equipo de salud que cuenta con médicos, psicólogos y un bioquímico, abocados a la asistencia y el acompañamiento terapéutico de sus socios/usuarios.
También ha conformado un equipo legal que tiene a cargo no sólo los amparos de salud, cuando los permisos se demoran o se deniegan, sino también la dolorosa tarea de seguir defendiendo cultivadores y usuarios medicinales perseguidos por la Justicia penal. A esto parece apuntar la ministra con su anuncio. A engrosar las listas de personas criminalizadas por cultivar una planta y sus derechos.
* Abogado, asesor legal de la ONG Comunidad Cannábica Córdoba