La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en el domicilio donde fue detenido Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, el pasado 16 de enero, en un operativo que contó con el apoyo de la Interpol y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El cateo se realizó durante la noche de martes 22 de enero, siendo el primero de una serie de operativos que tiene planeados la FGR en propiedades que se encuentren relacionadas a familiares y personas cercanas de Álvarez Cuevas, con el fin de recopilar pruebas que ayuden en el proceso que enfrentará el exdirectivo de la Cooperativa.
El operativo se llevó a cabo en el domicilio ubicado en la calle Tikul 5, en la Colonia Jardinés del Ajusco, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, en el que se decomisaron ocho celulares, veinte chips, una computadora portátil, una tableta, 690 mil pesos en efectivo, además de facturas emitidas por empresas fantasmas y personas cercanas a Billy Álvarez.
De la misma forma, se dio a conocer que el inmueble cateado se encontraba a nombre de Carlos Alberto Chaveste Hernández. La FGR tiene como protocolo que los aparatos electrónicos y los documentos incautados tienen que ser sometidos a diversos peritajes con el fin de identificar posibles vínculos con la persona detenida.
Fue durante la tarde del martes 22 de enero cuando Billy Álvarez fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que se inició la investigación en su contra. Durante la audicencia, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés, le otorgó a la FGR un periodo de cuatro meses para recabar las pruebas necesarias para demostrar el delito del que se acusa a Álvarez Cuevas.
Por su parte, el exdirectivo de Cruz Azul deberá permanecer detenido en el Penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México. En sus primeras declaración, Billy dijo ser un preso político por lo que pidió a las autoridades “benevolencia” durante su juicio.
Además de los delitos que se le imputaron, la FGR ordenó una nueva orden de aprehensión en su contra por adquirir comprobantes fiscales falsos por cerca de 91 millones de pesos, aunque este será un proceso a parte para el detenido.