La secuencia es sencilla. La humorista Laura Yustres, conocida como Lalachus, enseñó en la retransmisión de las Campanadas una estampita del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del Grand Prix. Dos días después ya había una denuncia por los delitos de incitación al odio y otro contra los sentimientos religiosos. La respuesta del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue contundente: «Impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión». Este viernes, los socialistas registraron una proposición de ley en el Congreso con este objetivo. Sin embargo, esta es la cuarta vez desde 2021 que el Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a modificar el Código Penal para retocar los delitos de opinión.
El 28 de enero de 2021, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía. Las protestas ciudadanas de los siguientes días llevaron al Gobierno de Sánchez a anunciar una reforma del Código Penal, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que este tipo de delitos no acarreara penas de cárcel.
«El Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad», anunció la Moncloa en un comunicado. Unidas Podemos, entonces en el Ejecutivo, fue más allá y registró una proposición de ley para derogar media decena de delitos.
Los socialistas aceptaron tramitar la norma, pero luego la dejaron cogiendo polvo en un cajón. En noviembre de 2022, cuando se reformó el Código Penal para derogar la sedición y sustituirla por un delito de desórdenes públicos agravados, el PSOE se negó a abordar la modificación de los delitos de opinión. La legislatura terminó en el verano de 2023 y la norma de Unidas Podemos, tras casi dos años en plazo de enmiendas, decayó.
Pactos con sus socios
Sánchez volvió a comprometerse meses después, en octubre de 2023, cuando firmó el acuerdo de coalición con Yolanda Díaz. El documento, bajo el título ‘España avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista», recoge la promesa de reformar y derogar «aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión«. En este punto, se ha referencia directa a la ‘ley Mordaza’ -aún se sigue debatiendo su modificación- y al Código Penal. Dos meses después, Sumar llevó al Congreso la misma norma que había impulsado Unidas Podemos y, otra vez, el PSOE aceptó tramitarla. Desde entonces, se ha ampliado el plazo de enmiendas 36 veces.
Y esta no fue la última vez. En verano de 2024, el coportavoz de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, anunció un acuerdo con el PSOE para la supresión en el Código Penal de los delitos de injurias a la Corona, a las altas instituciones del Estado y las ofensas a los sentimientos religiosos. Este último es uno de los utilizados contra Lalachus. El ala socialista del Gobierno enfrió el pacto, pero aseguró que había un compromiso de «revisar» estas cuestiones. A mediados de septiembre, fuentes de la Moncloa afirmaron que la derogación de estos delitos forma parte del plan de regeneración democrática que aprobó el Consejo de Ministros.
Renovar la promesa
«No puede ser que hacer humor sea delito«, aseveró este mismo martes Bolaños, renovando una vez más este compromiso del Gobierno de cara a 2025. Y el viernes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, habló de la necesidad de limitar los elementos que emplea la extrema derecha para tratar de amorzadar a humoristas, artistas o adversarios políticos. Para ello, los socialistas han registrado una proposición de ley que, entre otras cosas, suprime el artículo 522 del Código Penal, el relativo a las ofensas a los sentimientos religiosos, aunque mantienen todos los demás delitos de opinión. Está por ver si este compromiso es el último.