Andalucía y Madrid son las comunidades que deberían acoger en sus sistemas públicos de salud a un mayor número de mutualistas de Muface, unos 260.000 y 170.000 respectivamente, si este modelo no se mantuviera a la espera de lo que ocurra con la nueva licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027.
Según los datos publicados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en diciembre de 2023 daba cobertura sanitaria a 1.537.701 personas, de las que 1.080.360, siete de cada 10, eran atendidas por Adeslas, Asisa y DKV y 457.307 por la sanidad pública.
Ninguna de las tres aseguradoras se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar las tres insuficiente la subida de las primas del 17 % propuesta por el Gobierno. A la espera de ver lo que ocurre con la segunda convocatoria, para la que el Gobierno ha elevado la prima un 33,5%, un escenario sin Muface obligaría a que ese millón de personas fuera atendido por la sanidad pública.
Casi el 25% del total de todo el país
Los 260.845 mutualistas de Muface que en diciembre de 2023 eran atendidos por aseguradoras privadas en Andalucía y que ahora pueden pasar al Servicio Andaluz de Salud representaban el 24,1% del total de todo el país y los 168.287 de Madrid que irían al Sermas el 15,6%. El Ministerio de Sanidad calculó en un informe publicado en noviembre el impacto que tendría en cada servicio autonómico de salud la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas. El porcentaje que la población mutualista de Muface que recibe asistencia por medio de una aseguradora privada representa sobre el total de la población atendida por la sanidad pública alcanza el 3,12% en Castilla y León, el 3,02% en Extremadura y el 2,94% en Andalucía.